De acuerdo con la investigación de la Procuraduría Provincial de Garzón, el funcionario habría pedido esa suma de dinero para cambiar la calificación del lote y pasarlo de uso rural a urbano, durante la discusión del PBOT del municipio que tramitaría el concejo durante el primer semestre de 2019. El predio objeto de la supuesta solicitud tiene una extensión de 42 mil metros cuadrados y se encuentra ubicado en zona de protección o reserva.
Para el Ministerio Público, el funcionario con su conducta habría vulnerado los principios de moralidad pública y honradez, así como el deber de no usar el empleo para presionar con el propósito de obtener dinero u otras dádivas.
Por esos hechos la Procuraduría calificó la presunta conducta de Martínez Pérez como una falta gravísima cometida a título de dolo.
Por: Gisela Hurtado Celis – @giselahcelis
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